Argentina (Redacción Voces Críticas) El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 19 de noviembre el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una iniciativa que establece un marco estable para garantizar derechos y prestaciones en todo el país. La nueva Ley de Discapacidad fue aprobada por unanimidad, con 71 votos afirmativos y ninguno en contra, después de un debate en el que participaron representantes del oficialismo y de la oposición. La normativa mantiene gran parte de los beneficios contemplados en la legislación de emergencia vigente hasta diciembre, pero elimina su carácter transitorio para establecer un régimen permanente.
Uno de los principales cambios es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto equivale al 70% del haber jubilatorio mínimo. La normativa establece que este beneficio será compatible con el trabajo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos de la persona no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. Esta disposición alcanza a quienes cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y busca facilitar la inserción laboral sin que necesariamente deban renunciar a la prestación económica.

Durante el debate parlamentario, el oficialismo defendió la necesidad de reemplazar las sucesivas prórrogas de emergencia por una legislación que otorgue mayor previsibilidad a las familias y a los prestadores. El senador Agustín Monteverde sostuvo que el nuevo esquema busca asegurar la continuidad de las prestaciones mediante reglas estables, mientras que Patricia Bullrich destacó la importancia de establecer mecanismos de financiamiento y control. Desde la oposición, Alicia Kirchner y Lucía Corpacci acompañaron la aprobación, aunque advirtieron que la sanción de la norma no resuelve automáticamente las dificultades que atraviesa el sector y que será necesario garantizar los recursos para su implementación.
En materia presupuestaria, la Ley de Discapacidad establece que los fondos asignados al Ministerio de Salud para este sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio anterior. También incorpora auditorías periódicas mediante el intercambio de información entre ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), respetando las garantías del debido proceso. Asimismo, contempla un cronograma para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la normativa.
