Argentina (Redacción Voces Críticas) La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepagas deberán volver a someter los aumentos de sus cuotas al control y autorización del Gobierno nacional, después de declarar inconstitucionales dos artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, dejó sin efecto las disposiciones que habían permitido a las compañías modificar libremente los valores de sus planes. De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará las facultades de fiscalización y supervisión establecidas en la legislación anterior.
La decisión judicial alcanzó específicamente a los artículos 267 y 269 del decreto impulsado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023. Ambas disposiciones habían modificado el esquema regulatorio de la Ley 26.682, que establece las condiciones de funcionamiento de las empresas de medicina privada. Con su declaración de inconstitucionalidad, el máximo tribunal determinó que vuelvan a aplicarse los mecanismos de control estatal sobre las modificaciones tarifarias, lo que representa un cambio importante respecto del sistema de desregulación vigente desde el comienzo de la actual gestión nacional.

A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá volver a examinar los incrementos solicitados por las compañías y determinar si se encuentran debidamente justificados. Para ello, las empresas tendrán que presentar información sobre las variaciones de sus estructuras de costos y cálculos actuariales razonables relacionados con los riesgos de las prestaciones médicas. El organismo nacional será el encargado de analizar estos elementos y resolver si corresponde autorizar las modificaciones, de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa que recupera vigencia.
Sin embargo, uno de los aspectos centrales del fallo es que la Corte Suprema no estableció que los aumentos de las prepagas deban quedar limitados automáticamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien confirmó la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados, revocó el apartado de la sentencia anterior que ordenaba ajustar las cuotas exclusivamente según la inflación. Esto significa que las compañías podrán solicitar incrementos superiores al índice de precios, pero deberán fundamentarlos y obtener la autorización correspondiente de la autoridad sanitaria nacional.
