SALTA (Redacción Voces Críticas) La Corte de Justicia de Salta confirmó la validez constitucional de la Ley 8535 de Participación Democrática, al considerar que la normativa electoral fue sancionada por la Legislatura provincial dentro de las facultades que le otorgan la Constitución de Salta y la Constitución Nacional. El fallo, conocido este miércoles 11 de noviembre de 2026, ratificó la legalidad del régimen electoral establecido por la Provincia y rechazó los cuestionamientos judiciales que habían presentado distintos dirigentes políticos contra algunas de sus disposiciones.
En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que las provincias tienen la atribución de establecer sus propias reglas electorales, siempre que estas respeten el marco constitucional vigente. En ese sentido, los jueces señalaron que la definición del sistema de votación constituye una decisión de organización institucional que corresponde a los poderes políticos provinciales. Según el criterio expresado en el fallo, estas decisiones pueden responder a las características y circunstancias sociales de cada jurisdicción, sin que ello implique una contradicción con las disposiciones constitucionales.
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la validación del requisito que obliga a las fuerzas políticas a presentar listas en al menos 15 departamentos de Salta para competir por la gobernación. La Corte consideró que esta exigencia resulta adecuada porque busca garantizar un nivel de representación territorial acorde con las responsabilidades de quienes aspiran a conducir el Poder Ejecutivo provincial. De esta manera, el tribunal respaldó la constitucionalidad de una de las condiciones de participación electoral que habían sido cuestionadas.
Finalmente, el máximo tribunal rechazó las acciones presentadas en expedientes separados por Carlos Raúl Zapata, Lourdes Ríos Ayllón, Claudio Ariel Del Plá y Alejandro Patrón Costas, quienes habían cuestionado la constitucionalidad de la legislación. Con esta decisión, la Ley 8535 de Participación Democrática mantiene su validez constitucional, de acuerdo con el pronunciamiento de la Corte provincial. El fallo representa una definición judicial sobre las reglas que regulan la participación de partidos, alianzas y candidaturas en los procesos electorales de Salta.
