ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, presentó este martes 13 de octubre una solicitud urgente ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para intentar detener el avance de un proyecto de explotación petrolera en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La iniciativa apunta al desarrollo hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, sobre una zona cuyos derechos soberanos son objeto de controversia entre Argentina y el Reino Unido.
El proyecto Sea Lion se encuentra aproximadamente a 220 kilómetros al norte de las islas y es impulsado por dos compañías extranjeras. La empresa israelí Navitas Petroleum posee el 65% de participación y actúa como operadora, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante. El yacimiento fue descubierto en 2010 y, según el cronograma empresarial difundido, las perforaciones de desarrollo comenzarían en 2027, con una primera producción comercial prevista para 2028.
La presentación argentina incluye cuatro pedidos de medidas provisionales. El primero busca que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de las actividades petroleras relacionadas con Sea Lion. El segundo pretende restringir la utilización de información obtenida durante las exploraciones que pudiera perjudicar los derechos reclamados por Argentina. El tercero apunta a garantizar la protección del medio marino y el cumplimiento de las obligaciones ambientales internacionales, mientras que el cuarto solicita impedir nuevas autorizaciones o decisiones que puedan agravar la controversia.
La decisión se produjo después de que venciera el plazo de dos semanas que Argentina había otorgado al Reino Unido para adoptar medidas sobre el proyecto. El pasado 28 de septiembre, el Gobierno argentino notificó a Londres el inicio de un procedimiento arbitral bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El plazo venció el lunes 12 de octubre y, ante el rechazo británico al planteo, el Ejecutivo avanzó con la solicitud de intervención urgente del tribunal internacional.
El Gobierno argentino sostiene que las actividades petroleras autorizadas unilateralmente por el Reino Unido podrían afectar los derechos soberanos que reclama sobre la plataforma continental. Por su parte, Londres mantiene su posición respecto de las autorizaciones otorgadas para desarrollar actividades económicas en la zona. La controversia se produce en el marco de la histórica disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, respecto de la cual las Naciones Unidas han promovido una solución negociada entre ambos países.
