Argentina (Redacción Voces Críticas) La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene disponible la información sobre el Programa Nacional de Reparación Histórica, un régimen establecido por la Ley 27.260 que contempla el reajuste de haberes jubilatorios y la cancelación de determinadas deudas previsionales. Uno de sus principales beneficios es la posibilidad de realizar el procedimiento sin pagar honorarios profesionales cuando el titular no inició un juicio por reajuste antes del 30 de mayo de 2016. En esos casos, el organismo previsional se hace cargo de la representación legal necesaria para formalizar el acuerdo.

El programa fue creado para ofrecer una alternativa a jubilados y pensionados cuyos haberes se encuentran comprendidos en los supuestos establecidos por la legislación. Su objetivo es permitir que los beneficiarios puedan alcanzar un acuerdo con el Estado para actualizar sus ingresos y, cuando corresponda, percibir diferencias económicas. Sin embargo, no todos los titulares de prestaciones previsionales están incluidos automáticamente, ya que el acceso depende de las condiciones particulares de cada beneficio y de la propuesta que determine el organismo.

En caso de aceptar la propuesta, el jubilado deberá prestar conformidad con los términos y condiciones del acuerdo y designar un abogado matriculado que intervenga en el procedimiento. Para ello, tendrá que ingresar el número de CUIT del profesional elegido, quien posteriormente deberá aceptar la representación mediante la plataforma del organismo. Si el beneficiario no inició un juicio previo al 30 de mayo de 2016 y no cuenta con un abogado, podrá seleccionar uno para realizar el trámite sin afrontar los honorarios de su intervención, ya que estos serán cubiertos por ANSES.

Una vez completadas las instancias digitales, el titular y su representante legal deberán formalizar el acuerdo ante el organismo previsional. El procedimiento contempla la firma presencial en una oficina de atención y también permite modalidades excepcionales para quienes no puedan trasladarse, mediante la certificación correspondiente ante un escribano público. Posteriormente, el expediente será enviado al Poder Judicial para su homologación y, una vez aprobada, se avanzará con la liquidación de las diferencias reconocidas. Los importes dependerán de las condiciones previstas para cada beneficiario.



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