Argentina (Redacción Voces Críticas) La investigación judicial contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitara profundizar las averiguaciones por una posible evasión tributaria. En su dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que los elementos reunidos hasta el momento no resultan suficientes para demostrar que el patrimonio del exjefe de Gabinete aumentó injustificadamente durante su paso por la función pública.

El fiscal pidió al juez federal Ariel Lijo que declare su incompetencia por razón de la materia y remita el expediente a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. La decisión todavía debe ser evaluada por el magistrado y no implica el cierre de la causa ni el sobreseimiento del exfuncionario. La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano y abarcó el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

Durante el análisis patrimonial de Manuel Adorni, la Fiscalía identificó desembolsos superiores a los 402.000 dólares, de los cuales aproximadamente 374.000 se habrían realizado en efectivo. Además, detectó una diferencia de más de 43 millones de pesos entre los ingresos comprobados y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas registrados durante el período investigado.

Para justificar parte de esos fondos, la defensa sostuvo que el exfuncionario había realizado inversiones en Bitcoin entre 2014 y 2018 por aproximadamente 200.000 dólares. Según esa explicación, posteriormente vendió los activos y obtuvo más de 591.000 dólares que conservó en efectivo. Una pericia confirmó movimientos en ocho direcciones de criptomonedas durante aquellos años, aunque no logró establecer quién las administraba entonces ni identificar todas las operaciones involucradas.

En ese contexto, Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para descartar que el dinero investigado haya sido obtenido antes del ingreso de Manuel Adorni al Gobierno. Tampoco se acreditó una vinculación entre esos fondos y actos relacionados con su función pública. No obstante, la Fiscalía señaló que todavía deben examinarse posibles omisiones en las declaraciones impositivas, especialmente respecto de tenencias en dólares, operaciones con criptomonedas y bienes incorporados mediante declaraciones rectificativas.



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