Argentina (Redacción Voces Críticas) Este viernes 23 de octubre comenzará el juicio oral contra Cristina Kirchner, su hijo Máximo y otras 17 personas acusadas en las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita. La primera audiencia está programada para las 10:00 en la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires, y estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces José Antonio Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni.
El inicio del debate representa un nuevo capítulo judicial para la expresidenta, mientras que Máximo Kirchner enfrentará por primera vez un juicio oral de estas características. El tribunal autorizó que los acusados participen de manera virtual durante la audiencia inaugural, en la que se leerán los requerimientos de elevación a juicio. Sin embargo, los abogados defensores deberán asistir presencialmente y las siguientes jornadas se desarrollarán en los tribunales, con audiencias previstas para los lunes, viernes y sábados.
La investigación contra Cristina Kirchner y los demás imputados gira en torno a un presunto mecanismo de lavado de dinero mediante sociedades hoteleras e inmobiliarias vinculadas con la familia Kirchner. Según la hipótesis de la fiscalía, fondos de origen ilícito habrían ingresado al patrimonio familiar a través de operaciones comerciales con empresarios que mantenían vínculos económicos con el Estado. En Los Sauces, la exmandataria está acusada de asociación ilícita y lavado de activos, mientras que a Máximo se le atribuye un papel de organizador de la presunta asociación.

Entre los empresarios que serán juzgados se encuentran Lázaro Báez, su hijo Martín Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, además de otras personas relacionadas con las operaciones investigadas. En el expediente Hotesur, una de las firmas bajo análisis es Valle Mitre, vinculada con Báez, que habría pagado más de 28 millones de pesos entre 2008 y 2015 por habitaciones y servicios de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas. La fiscalía sostiene que parte de esas contrataciones no se habría correspondido con prestaciones efectivamente utilizadas, una acusación que deberá examinarse durante el debate.
