ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional busca avanzar en una negociación con las universidades públicas para modificar la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de una nueva jornada de movilizaciones en reclamo de mayores recursos. La Casa Rosada analiza ofrecer beneficios fiscales vinculados con las contribuciones patronales y mejorar las partidas previstas en el Presupuesto 2027, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita resolver las diferencias económicas y judiciales con las instituciones educativas.
Una de las principales alternativas que estudia el Ejecutivo consiste en mantener reducidas las contribuciones patronales que determinadas universidades deben pagar por sus trabajadores. Se trata de los aportes obligatorios destinados al sistema previsional y al PAMI, correspondientes a docentes, no docentes y autoridades. Desde Nación reconocen que esta posibilidad forma parte de las conversaciones, aunque todavía no se definió qué alícuota se ofrecerá ni existe un acuerdo formal con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La propuesta se relaciona con un régimen especial establecido en 2010 para universidades nacionales que mantenían deudas previsionales. A través del Decreto 1571/2010, las instituciones comprendidas accedieron a una contribución reducida del 10,17% sobre la masa salarial, beneficio que se mantiene mientras continúe pendiente la cancelación de las obligaciones incluidas en los planes de regularización. Posteriormente, el Decreto 645/2023 estableció una transición gradual hacia las alícuotas generales para aquellas universidades que finalicen sus pagos.
Según esa escala, las instituciones alcanzadas que ya cancelaron sus deudas deben afrontar una alícuota del 13,65% en 2026, que aumentará al 14,52% en 2027. Los porcentajes continuarán incrementándose progresivamente hasta 2030, antes de alcanzar el régimen general en 2031. La situación preocupa especialmente a la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se encuentra entre las casas de estudio próximas a finalizar su plan de regularización y advierte sobre el impacto económico que podría generar el aumento de estas obligaciones.
El Gobierno pretende combinar ese alivio fiscal con una mejora en los fondos universitarios contemplados en el Presupuesto 2027. Si bien el Ejecutivo estaría dispuesto a incrementar las partidas respecto del proyecto original, mantiene diferencias con el CIN, que reclama aproximadamente $11 billones para el sistema universitario. La estrategia oficial apunta a reducir parte de esa distancia mediante beneficios sobre las contribuciones patronales, sin que todo el esfuerzo económico dependa exclusivamente de mayores transferencias presupuestarias.
