ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en el centro de una nueva controversia por la Ley de Tierras Rurales, luego de que se difundiera una resolución que, según lo informado, suspende provisoriamente los efectos de su derogación. La medida cautelar interina afectaría al artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei eliminó las restricciones establecidas por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. De confirmarse el alcance de la decisión, los límites volverían a aplicarse mientras continúa el proceso judicial.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció un régimen de protección sobre la propiedad y tenencia de tierras rurales en Argentina. Entre sus principales disposiciones se encuentran los límites a la titularidad extranjera, con el objetivo de regular la concentración de superficies rurales en manos de personas físicas y jurídicas de otros países. Su derogación fue incluida en el paquete de reformas del DNU 70/2023, lo que abrió una disputa judicial sobre la validez constitucional de esa decisión y las facultades del Poder Ejecutivo para modificar el régimen mediante un decreto.
El nuevo planteo fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, junto con otros demandantes, entre ellos integrantes de las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon. La presentación está vinculada con una causa iniciada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que también había cuestionado la derogación. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó una sentencia favorable al CECIM por considerar que la entidad no tenía legitimación para promover esa demanda. Sin embargo, aclaró que esa resolución no constituía un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU.
La intervención del máximo tribunal se produjo después de que los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz no alcanzaran un criterio común sobre cómo continuar con el nuevo expediente. Ante esa situación, se convocó a dos conjueces: Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Mendoza. Además, la Corte redujo de 72 a 24 horas el plazo para presentar recusaciones contra los magistrados convocados, con el propósito de acelerar la integración del tribunal y avanzar en el tratamiento del caso.
La controversia tiene especial relevancia para provincias como Salta, donde las tierras rurales forman parte de actividades productivas, agropecuarias y proyectos de inversión. La discusión judicial no se limita a la compra de campos por parte de extranjeros, sino que también involucra el alcance de las regulaciones nacionales sobre la propiedad rural. Una eventual restitución de los límites establecidos por la Ley 26.737 modificaría las condiciones aplicables a nuevas adquisiciones realizadas por personas o empresas extranjeras, aunque sus efectos concretos dependerían del texto y alcance de la resolución judicial.
