SALTA (Por Ernesto Bisceglia para Voces Críticas) Hay discursos que, de tan empeñados en explicar que se está haciendo algo, terminan convirtiendo la explicación en la obra principal. Y hay funcionarios que, acaso llevados por la noble intención de acercar el Estado a la ciudadanía, descubren que las redes sociales pueden ser una formidable vidriera para exhibir todo aquello que el Estado hace y, sobre todo, todo aquello que considera que hace bien.
La idea fue expuesta con entusiasmo desde el área de Derechos Humanos, donde se explicó que las instituciones del Estado tienen “la obligación de mostrarle a la ciudadanía lo que hacemos”. Para ello, las redes sociales aparecen como el nuevo gran instrumento de comunicación: no solamente las cuentas oficiales del Gobierno, sino también las redes particulares de los funcionarios, desde donde se procura mostrar directamente a la sociedad “qué es lo que hacemos para el bien de la gente”.
La premisa parece sencilla: gobernar, pero también mostrar que se gobierna. Hacer, pero además contarlo. Y, si fuera posible, contarlo varias veces y desde distintos teléfonos.
En ese universo de comunicación permanente, la tarea estatal se despliega sobre distintos territorios. Está, por supuesto, la obligación de reglamentar y aplicar la ley; pero también aparecen las necesidades que emergen de las comunidades y que, según se explicó, se van atendiendo “paso a paso”, dentro de una suerte de construcción colectiva en la que lo público y lo privado deberían confluir para levantar una provincia mejor.
La intención declarada es mostrar esas situaciones, educar sobre ellas, generar conciencia y, especialmente, enseñar a las víctimas cómo actuar cuando esos delitos ocurren. Porque un derecho que no se conoce difícilmente pueda reclamarse, y una víctima que no sabe dónde acudir queda nuevamente a merced del silencio.
Pero la tarea no termina allí.