ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) Frente a un escenario de creciente morosidad en las familias, especialmente en lo que refiere a préstamos personales, el Gobierno nacional avanza en la implementación de dos mecanismos orientados a mejorar los niveles de cobrabilidad para los bancos, las fintech y las financieras.
La primera de las iniciativas comenzará a regir este lunes y se denomina “cobro con transferencia (CCT)”, una herramienta creada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) el pasado mes de marzo con la finalidad de simplificar el débito de las cuotas en cuentas a la vista o de pago. El funcionamiento básico del esquema habilita a los prestamistas a ejecutar un débito recurrente sobre la misma cuenta donde se realizó originalmente el desembolso del dinero, aun cuando esta pertenezca a otra entidad, con un tope fijado en el 30% de los ingresos del cliente.
El sistema diseñado por la autoridad monetaria establece un arancel mínimo del 0,6% a cargo de los prestamistas y les transfiere la responsabilidad directa ante posibles fraudes. Para su activación, el tomador del préstamo debe otorgar un consentimiento expreso por única vez, el cual puede revocar cuando lo desee. La normativa permite efectuar hasta tres intentos de débito: el inicial, un segundo intento a las 48 horas y el tercero a las 96 horas, siempre con una notificación electrónica previa al usuario.
Voceros de la banca tradicional y de billeteras digitales anticiparon que la herramienta tendrá un uso acotado, señalando que las principales entidades prefieren no fondear cuentas de competidores y que el mecanismo quedará restringido principalmente a financieras que ya operan con transferencias previas. Cabe recordar que la posibilidad de realizar débitos directos para préstamos había sido prohibida en 2020, durante el aislamiento por la pandemia, mediante la Comunicación «A» 6909.
En paralelo a la puesta en marcha del CCT, el Gobierno impulsa una segunda medida orientada a optimizar la recuperación de créditos a través de la ampliación del código de descuento sobre los salarios formales, una modificación introducida en el artículo 36 de la reforma laboral.
