SALTA (Redacción Voces Críticas) Una iniciativa presentada en la Legislatura de Salta busca abrir un nuevo debate sobre qué condiciones deberían reunir quienes ejercen cargos de alta responsabilidad en el Estado. La diputada provincial Mónica Juárez propuso incorporar evaluaciones psicológicas obligatorias y periódicas para autoridades y funcionarios de los tres poderes provinciales.
El proyecto plantea ampliar el concepto de idoneidad para el ejercicio de la función pública. Según los fundamentos de la iniciativa, la formación académica, la experiencia profesional y, en los cargos electivos, la legitimidad otorgada por el voto son aspectos fundamentales, pero podrían no resultar suficientes frente a puestos que implican conducción, ejercicio del poder y decisiones que afectan a otras personas.
“Gobernar, legislar o administrar justicia implica afrontar escenarios de presión, conflictos complejos y decisiones que impactan sobre otras personas. Es razonable que el Estado establezca estándares acordes con esa responsabilidad”, argumentó Juárez.
De acuerdo con la propuesta, las evaluaciones deberían realizarse al comienzo del ejercicio de la función y posteriormente cada dos años. Los exámenes quedarían en manos de equipos interdisciplinarios que deberían mantener independencia respecto del poder al que pertenezca la persona evaluada. El proyecto también incorpora garantías destinadas a preservar la intimidad, reserva y confidencialidad de la información obtenida.